Agente fronterizo cobraba $400 por cada inmigrante que dejaba pasar a los Estados Unidos
Dos acusaciones federales revelan los pagos ilícitos que recibían oficiales que colaboraron con criminales en el transporte de droga y de personas en Texas. Uno los asesoraba sobre cómo ocultar cargamentos y el otro informaba a qué hora hacía inspecciones en un retén.
Las organizaciones criminales siguen tentando a los agentes de la Patrulla Fronteriza, a pesar de que ninguno de ellos recibió precisamente una oferta económica exorbitante. Dos casos que recién fueron presentados en cortes federales de Texas afirman que esos oficiales habrían obtenido pocas ganancias al colaborar con bandas dedicadas a cruzar personas indocumentadas y drogas hacia el interior de los Estados Unidos.
El lunes 12 de julio fiscales presentaron cargos contra un ex-oficial que vigilaba un sector fronterizo en Texas y al que supuestamente le pagaron $1,000 dólares cada vez que trabajó con un grupo que pasó cargamentos de droga por la garita de Falfurrias, en Texas.
La acusación señala que Oberlin Cortez Peña, de 22 años, aceptó la cantidad mencionada en dos ocasiones.
Una vez ayudó a que un vehículo que transportaba al menos cinco kilos de cocaína cruzara por dicho punto de control transnacional. Peña supuestamente utilizó sus conocimientos como agente de la Patrulla Fronteriza para actuar como vigía y proporcionar información sobre los carriles de inspección y cuál utilizar, menciona un comunicado del Departamento de Justicia.
Considerando que esa mercancía se habría vendido en más de $170,000 dólares en el noreste de Estados Unidos, lo que Peña recibió fue una porción quizás similar o menor a la del transportista que fue guiando.
El gobierno afirma que la valiosa asesoría del exagente incluyó dar instrucciones “detalladas” sobre cómo esconder los narcóticos y qué tácticas utilizar para “distraer” al perro policía en esa garita.
Las consecuencias penales que ahora enfrenta son mucho peores en comparación al dinero que le dieron los narcotraficantes, si es declarado culpable enfrentaría una condena mínima a 10 años de prisión y una máxima de cadena perpetua, así como una multa de 10 millones de dólares, de acuerdo con el comunicado.
